(In)Justicias

El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a tres directivos de una empresa de indumentaria, acusados de contratar talleres de costura donde se empleaban inmigrantes indocumentados, en condiciones de máxima precarización laboral. Entre sus argumentos, Oyarbide argumentó que ese modo de explotación sería herencia de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría” de los talleristas y costureros, y que se trata de “un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa”. El fiscal y el abogado de la querella apelaron la resolución. Y el cónsul general de Bolivia opinó que el juez “debió haberse informado sobre la naturaleza de las costumbres ancestrales, que nada tienen que ver con los tristes sistemas de esclavitud” que rigen en estos talleres clandestinos.

Oyarbide interviene en la causa originada a partir de una denuncia realizada por ex trabajadores de Soho y la Cooperativa La Alameda, con el aval de Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a partir de inspecciones realizadas en 2007 por el gobierno porteño. En la investigación, el fiscal federal Patricio Evers, determinó que la empresa Gilmar SA, que comercializa la marca Soho en los principales shoppings del país, terceriza la confección de las prendas en talleres clandestinos, donde trabajan extranjeros indocumentados.

Ahora, Oyarbide sobreseyó a los tres directivos de Soho con un argumento que ya había utilizado la Sala II de la Cámara Federal porteña. En aquella ocasión, los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani sobreseyeron a talleristas que habían sido procesados por el juez federal Ariel Lijo. Y en su fallo, hicieron alusión a la supuesta tradición cultural de los pueblos originarios y al ayllu, una organización comunitaria del pueblo aymara.

De acuerdo con las definiciones académicas, el ayllu era una forma de comunidad familiar ampliada que trabajaba en forma colectiva en un territorio de propiedad común, en el Altiplano, donde todos obtenían el mismo beneficio y a lo sumo tributaban una parte de su producción al Estado incaico. La tradición dice que allí no existían prácticas discriminatorias ni la posibilidad de acumulación individual, todo lo contrario a los sistemas precapitalistas de explotación que se ponen en práctica en los talleres clandestinos que funcionan en Buenos Aires

El otro argumento que utilizó Oyarbide para sobreseer a los imputados es que no se encontraría probada la finalidad de los acusados de “obtener directa o indirectamente un beneficio” económico. Para ello, utilizó otro argumento de la Sala II, que cuestiona “la ambigüedad” en la redacción de la ley 25.871, de Migraciones. El artículo 117 de esa norma dice que “será reprimido con prisión o reclusión de uno a seis años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros” en el territorio nacional “con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio”.

Ese es el delito que les había imputado el fiscal Evers a Nelson Alejandro Sánchez Anterino, Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Provenzano, responsables legales de la firma Soho, tras determinar que desde esa compañía se tercerizaban trabajos de costura en al menos dos talleres donde habían detectado la presencia de extranjeros indocumentados, que trabajaban doce horas por día, con haberes de entre 500 y 900 pesos mensuales y vivían en una piecita que les alquilaban los propios talleristas.

“Ningún empresario contrata un taller de costura sin tener un mínimo de contacto previo donde se le garantice el cumplimiento de los plazos y las normas de calidad”, sostuvo el fiscal en ese momento. “Esta circunstancia de explotación laboral –añadió– no sólo no puede ser desconocida por los empresarios sino que, por el contrario, indica que es consentida y tácitamente favorecida, para obtener mayor producción a menor costo”.

Oyarbide dictó el sobreseimiento en base a los argumentos mencionados y a nuevas inspecciones en las que detectó que la situación migratoria de las personas que estaban en el lugar “era regular”, al tiempo que “no se encontró a persona alguna realizando tareas del rubro textil ni maquinaria para desarrollar esa labor”.

El fallo fue apelado por el fiscal Luis Comparatore y por el abogado de la querella, Rodolfo Yanzón. “Es evidente que después de los primeros procedimientos, los talleristas dejaron de producir, mudaron los talleres a otros lugares y regularizaron la situación documental de las personas que viven allí”, dijo Yanzón.

El abogado también rechazó los argumentos que aluden a las “antiguas costumbres de los pueblos originarios, que resultan totalmente inaplicables al caso y que incluso podrían ser tildados de discriminatorios”. Argumentó que “los responsables de la firma Soho no ignoraban lo que estaba aconteciendo” en esos talleres, que subcontrata “con conocimiento de la forma en que éstos funcionan, es decir, con trabajadores traídos o venidos del extranjero en condición migratoria irregular”. Sostuvo que se benefician al evadir las responsabilidades de la Ley de Trabajo a Domicilio y, al suministrarles materias primas para que funcionen, “facilitan la permanencia ilegal de extranjeros” en el país.

El abogado pidió la intervención de la Sala I de la Cámara, que tiene un criterio opuesto a la que integran Catani e Irurzun: el 30 de noviembre último, los jueces Eduardo Freiler, Gabriel Cavallo y Eduardo Farah le pidieron a Oyarbide que no limite la investigación en los talleristas y que indague entre las empresas “que pudieron haberse aprovechado de esta actividad mediante el encargo de trabajos en estas condiciones”. Esa resolución se adoptó en otra causa que investiga Oyarbide, en la que están procesados once talleristas.

El debate judicial no es menor. “Se trata de un caso testigo de imputación penal a una marca por violación a la Ley de Migraciones”, afirmó Gustavo Vera, de La Alameda.


Salutes

Los bomberos voluntarios del valle de Punilla, esos cordobeses que aparecieron esta semana combatiendo, balde en mano, un incendio que devoró alrededor de 50 mil hectáreas, perdieron los subsidios que les daba el gobierno de la provincia por decisión arbitraria del gobernador Schiaretti que busca fondos para compensar el desastre que heredó de su compadre Juan Manuel de la Sota. El municipio de La Cumbre que cobra el impuesto al consumo de agua, tiene un retraso de varios meses en liquidar la proporción que les corresponde a los bomberos del lugar, que trabajaron en este incendio –apagado por una oportuna nevada– durante 72 horas sin dormir, consumiendo algún sandwich de milanesa y las bebidas que les donaban los vecinos del lugar.


Salutes

Un menor de edad podría pasar entre 3 y 10 años en prisión acusado de robar golosinas y galletitas de un almacén y maxikiosco del barrio porteño de Villa Urquiza.

La Sala Sexta de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento contra el menor y lo acusó de haber robado: "dos cajas de 'Tita', dos de 'Rhodesia', tres bolsas de caramelos 'Arcor', tres cajas de 'Bonobon', una de alfajores 'Dulce Reina', cinco paquetes de galletitas 'Sonrisas', cinco de 'Merengadas', cinco de 'Mellizas' y cinco de 'Diversión'".

Según la descripción de los testigos, el supuesto ladrón de dulces habría hecho estallar la vidriera de local con un objeto contundente para sustraer la mercadería y así huir junto a otros tres jóvenes, por el momento prófugos.

Los relatos de quienes presenciaron el hecho coincidieron en haber escuchado "un fuerte estruendo", producto de que "la vidriera que da a la calle se encontraba rota" y al menos tres jóvenes "sustraían mercadería, huyendo en poder de la misma". A su vez, los camaristas Marcelo Lucini, Gustavo Bruzzone y Luis Bunge Campos consideraron que estaba probado que el imputado, junto a otras tres personas, cometió el robo después de hacer estallar la vidriera del local.

El delito, descripto como "robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda", está contemplado por el Código Penal y podría costarle la pena de hasta 10 años de cárcel al menor, hasta ahora el único aprehendido por el hecho.

El joven fue procesado por el juzgado de Menores número uno, a cargo de la jueza María Teresa Salgueiro, y confirmado ahora por la Cámara del Crimen.

En exclusivo para Críticadigital, el abogado Diego Freedman, especialista en derecho penal y juvenil, consideró que se debe "buscar una salida alternativa" a la condena de prisión y que el trabajo comunitario es una opción.


Salutes

Está bien, yo a su edad no robaba golosinas, hay que matarlo.

pendejo forro, al menos podria pedir que le regalen algo en vez de robar

jajaja yo a esa edad robaba golosinas tmb jajajaj a la edad de 6 a 8 años jeje pero tampoco un robo planeado de esa manera jajaja el dia de mañana es un alcapone jajajaja igual se fueron a la goma je me hicieron acordar al capitulo de los ismpsons donde magui le dispara al señor burns jajaja

Hay que agarrar a los otros cinco prófugos, hacerles algunas preguntas y encarcelar a Mastronardi de una vez por todas.

No más Volta.

No entiendo ni jota... no es que los menores son excarselables?

esto me suena más a un capítulo de "La Corte del Pueblo" que a algo real.

La corte del pueblo era algo real...

Algo realmente ridículo y archifascista.

No más Volta.

Volta: conocés a Bestiaria? muchas veces habla de las injusticias que sufren algunas mujeres. No siempre coincido con lo que dice. Pero creo que sos de los que tienen la mente apta para leer y entender las cosas coherentes que nos transmite.

Joaquin/stonecoldblabla escribió:La corte del pueblo era algo real...

Ya el nombre solo me da asco, me remite a la "justicia" de la Edad Media.

A mi me da asco que se nombre tanto y se renombre tanto el Poder Judicial...

La tragedia de la mujer golpeada que terminó matando al marido

Graciela tiene 38 años. Su esposo se emborrachaba y les pegaba a ella y a los chicos. Durante un ataque ella le cortó el cuello y él murió desangrado. Ahora está presa con tobillera electrónica, esperando el juicio. "No soy una asesina", dice.

Kari... decime que no lo maté...Decime que esto es una pesadilla...que no es verdad". Graciela Aguirre tiene 38 años y cuenta que le hablaba a su hija de 15 con la voz entrecortada, mientras con la mano agarraba fuerte a su hijo Jonathan, de tres años. Los tres lloraban. Se movían sin saber qué hacer de un lado a otro, en el departamento de dos ambientes de Ramos Mejía en el que vivían. A un costado, sobre la cama, estaba quien había sido su marido y padre del nene, Ricardo Avila, de 42 años. Se desangraba con un corte en la garganta.

Graciela fue quien mató a la pareja con la que convivió seis años y nunca lo negó. Sin embargo, aduce que fue la fatalidad, por una pelea que había comenzado él, borracho, y a la que ella puso fin cuando el hombre (de 1.90 de alto y más de 100 kilos de peso), "le rompió un vaso de vidrio en la cabeza a Karina (su hija) y de un sopapo hizo volar al nene contra la pared". Ella asegura que varias veces pidió ayuda por la situación de violencia que se vivía en su casa. Pero nadie la escuchó.

El fiscal de La Matanza, Guillermo Bordenave, acusó a Graciela de homicidio simple y se opuso a que le concedieran el arresto domiciliario, aunque finalmente el juez de Garantías Norberto Ochipinti ordenó que se haga lugar al beneficio. Así, monitoreada con una tobillera electrónica, Graciela espera el juicio oral en su contra que se hará en febrero próximo.

"Yo no soy una asesina. El me atacó con un cuchillo, le pegó a los chicos y yo me puse en el camino, forcejeamos y el cuchillo le dio en el cuello. Salí a defender a mis hijos. Qué hubiera hecho otro en mi lugar", pregunta tragando saliva.

Ese día fatídico, el 4 de junio de 2007, Karina y unos amigos más habían festejado el cumpleaños de otra amiguita hasta las siete de la tarde. El hombre aprovechó a encerrarse en la habitación y se tomó una botella de vodka que había ido a comprar a escondidas, según contaron madre e hija ante la Justicia. Eran cerca de las nueve de la noche cuando Graciela llamó a su familia a comer los fideos con tuco que habían quedado del almuerzo. "Metete la comida en el culo...Vos qué te crees...Te voy a romper la cabeza", cuenta Graciela que le dijo su pareja. Y vino la seguidilla de insultos --"irrepetibles", advierte-- y golpes con los puños cerrados, en la cara. Karina quiso interponerse y Avila le rompió un vaso en la cabeza. Luego arrancó el teléfono y empezó a los manotazos contra todos. A Graciela la tomó del cuello. "Sentía que me ahorcaba. Los chicos gritaban y él agarró el cuchillo. Enloquecí de desesperación. Lo agarré de los pelos y zafé. El se enroscó un toallón en el brazo, se enganchó el cuchillo y se me vino encima. Lo empujé como pude, forcejeamos y le di sin querer en el cuello. Entré en shock. Le decía a la nena que no era verdad, que no había muerto. Salimos caminando hacia la casa de mi mamá. Quería buscar ayuda. A una cuadra fui detenida con los nenes. No entendía nada", relata sin pausa a Clarín en el patio de la casa de su mamá en El Palomar, donde cumple el arresto.

Graciela es una mujer de menos de 1.60 de altura. A los 10 meses sufrió poliomelitis y desde entonces trató de pelear para que su cuerpo crezca sin dificultad. Sufrió varias operaciones y seis placas de platino en sus piernas y caderas le permiten hoy tener algo más de movilidad. Igual camina con dificultad. Por eso, tímida, dice que durante las peleas con su esposo "era común que vaya a parar al suelo". Varias veces durante los seis años de convivencia tuvo que ir a la comisaría a hacer denuncias. "Un día la tuve que ir a buscar a la comisaría porque tenía un ojo negro y la cara cortada. Así pasó una Navidad", dice Haydée, su mamá. Su hija va mucho más atrás en el tiempo en su relato y asegura: "Tenía un mes de embarazo cuando me pegó y me rompió un palo de escoba en la cabeza".

Graciela conoció a Avila en la casa de una amiga y al mes se fue a vivir con él. "Era dulce, cariñoso, atento. Me llamaba todo el tiempo "Ma". Es que el problema lo tenía cuando tomaba. Le gustaba mucho la bebida. Ahí se me volvía un desconocido", trata de justificar.

Dos años atrás y frente a la seguidilla de agresiones físicas y psíquicas, la mujer decidió irse con Jonathan y sus otras dos hijas (de un matrimonio anterior) a la casa de su mamá. Pero el nene que tuvo con Avila necesita ir mensualmente al Hospital Posadas a hacerse análisis y allí, una tarde, Avila la fue a buscar. "Si no volvés le prendo fuego a la casa de tu mamá y te mato", contó que le dijo. Y Graciela se convenció. "Pensé que dándole otra oportunidad todo iba a cambiar. No quería poner en riesgo a mi familia. Pero todo el sueño del hogar feliz duró un mes. No fue más a trabajar, siguió tomando y empezó a tirarme cosas por la cabeza otra vez", detalló.

Durante algunas borracheras de su esposo, Graciela y sus hijos optaban por irse de la casa y esperar a que Avila se durmiera. La situación no le era ajena a sus propios vecinos, que testimoniaron "escuchar gritos, insultos y golpes en las paredes en forma cotidiana".

Después del asesinato, una perito del cuerpo judicial advirtió que la acusada "tenía evidencias de golpes y lesiones" al momento del ataque, y dijo incluso que "existían síntomas de abuso en la adultez".

La familia dice que Graciela sufrió un estrés postraumático después de clavarle a su marido un cuchillo: salió a la calle con sus hijos desesperada; con la ropa ensangrentada, tajeada y descalza. Así estaba cuando a la mañana se presentó ante el fiscal que la mandó a la cárcel por homicidio simple. Estuvo seis meses detenida en una comisaría de la mujer y desde diciembre, arrestada en su casa. Nunca en 16 meses recibió un tratamiento psicológico.

AYER FUE EL JUICIO POR EL CUAL GRACIELA ESTABA ACUSADA DE HOMICIDIO SIMPLE (YA QUE EL FISCAL HABIA DESESTIMADO LOS ANTECEDENTES DE LA VICTIMA Y NO SE TOMABA EN CUENTA LAS REITERADAS DENUNCIAS DE LA MUJER HACIA EL MARIDO.....)
SE HIZO JUSTICIA...
GRACIELA FUE ABSUELTA.......

UNO DE LOS POCOS CASOS EN EL QUE LA MUJER NO LLEGA A MORIR Y LOGRA DEFENDERSE DE SU COMPAÑERO AGRESOR ....EN REITERADAS OPORTUNUDADES...
AHORA HABRIA QUE INICIARLE UNA INVESTIGACION AL FISCAL QUE LA ENCONTRO CULPABLE DE HOMICIDIO.......

Es como un capítulo más de la serie "Mujeres Asesinas".

AL REVES......... LA SERIE ESTUVO INSPIRADA EN ESTA CLASE DE HECHOS....
REALES POR DESGRACIA.......

Cuando lo ví en la televisión, me hizo acordar que en tercer año fuimos con mi curso a presenciar un juicio oral y público (para la materia Derecho), y casualmente el caso era como este: una mujer acusada de homicidio por matar a su marido con un cuchillo tratando de defenderse de sus agresiones.

Coincido con que el fiscal debería ser investigado por la forma en que actuó.

PAO escribió:AL REVES......... LA SERIE ESTUVO INSPIRADA EN ESTA CLASE DE HECHOS....
REALES POR DESGRACIA.......

No es al revés, es exactamente lo que dije.

Claro, es más, ni falta hace, porque se hizo tan famoso el caso que uno puede saberlo con anticipación...

Hubo voces de triunfo y alegría: Graciela Aguirre no sería acusada por la muerte de su marido porque había actuado en legítima defensa, y feministas y militantes de derechos humanos y miles de ciudadanos en radios, diarios, charlas, celebraron. “Hoy se abrió una luz de esperanza”, escribió ayer en este diario Mabel Bianco. A mí me sorprendió. Que una persona –hombre o mujer– mate a alguien que la está violentando –que llevaba mucho tiempo violentándola– es horrible y es, sobre todo, un gran fracaso del Estado, pero el Estado no puede arreglar su fracaso fracasando.

El tribunal la interrogó: Aguirre contó que sufría mucho por la violencia de su marido, que pidió ayuda a las instituciones encargadas y que esas instituciones no la protegieron. Y que otro día espantoso su marido se emborrachó otra vez y le empezó a pegar de nuevo y ella agarró un cuchillo y le tiró una “cuchillada a lo ciego” y lo mató.

Es muy grave que alguien le pegue a alguien –sea quien sea-; es gravísimo que alguien mate a alguien. Pero el fiscal decidió que no tenía acusaciones contra Graciela Aguirre, o sea: que para la Justicia, la señora Aguirre no hizo nada que mereciera ser juzgado y, enventualmente, castigado. Es, dicho de otro modo, la anulación de la mediación de la Justicia y el Estado, la vuelta del concepto primitivo: estoy en peligro, me defiendo, elimino el peligro, y está bien: como estaba en peligro, lo que hice no debe ser juzgado.

Yo pensaría que sí: que el mundo está lleno de hechos que conllevan juicios y castigos, y que matar es el primero. Por supuesto que las circunstancias atenuantes eran poderosísimas; entonces el juez debe considerarlas y ofrecer una pena ínfima –un mes de cárcel, dos semanas, un tirón suave de la oreja izquierda–, pero decir que no hay acusación equivale a decir que la justicia argentina no encuentra nada judiciable en matar a un tipo que te pega. Que está bien hacer justicia por mano propia “en legítima defensa”, que si tal o cual te pega mucho lo podés matar, que si un ladrón te amenaza lo podés fusilar, que tu defensa es tu problema –y el Estado puede cerrar la puerta y dedicarse a fabricar pochoclo.

La señora Aguirre había tenido tantas desdichas, dicen, pobre mujer, que no se merecía más. Estoy de acuerdo y, aun así, me parece un peligro que la Justicia dependa de las simpatías que la víctima te pueda despertar. A mí me simpatiza mucho más una mujer golpeada –víctima de un abuso constante de poder– que mata a su verdugo que un ingeniero armado que abusa de su poder y balea al pobre pendejo que lo asaltó, pero si la calificación de un delito va a ser en función de nuestras afinidades electivas estamos al horno. De hecho, sin la menor intención de comparar, a millones de argentinos los militares asesinos les caían bien: eran gente decente, seria, que vino a poner orden en su legítima defensa de las instituciones amenazadas de la patria. Las simpatías de unos son las antipatías de otros, y ni usted ni yo queremos depender de tan mutables sentimientos para obtener justicia.

El caso está en los medios, y uno de los jueces dijo que era “ejemplificador”: sirve como ejemplo de que la forma de defenderse no es recurrir a las instituciones –que de todos modos no funcionan– sino responder a la violencia con violencia. O, más realista: que como las instituciones no funcionan, es válido recurrir a la violencia para suplantarlas. El planteo es curiosamente setentista: a la violencia opresora es justo responder con la violencia de los oprimidos. Yo podría, incluso, estar de acuerdo; lo raro es que el Estado lo proclame.

El problema, insisto, es este Estado desdeñoso. El Estado tendría que haber protegido a Graciela Aguirre y a Ricardo Ávila, su marido; no lo hizo, se desinteresó, los despreció: es lo que hace, en general, el Estado. Ante esa realidad hay dos opciones: o pensamos que el Estado debe desaparecer lo más posible –y, por ejemplo, no juzgar homicidios simpáticos– y que cada cual se defienda como pueda, o conseguimos que funcione y proteja a todas sus víctimas –antes y después de que lo sean. No digo que una sea necesariamente mejor que la otra; digo, sí, que son incompatibles.


Salutes

No sé quién escribió éso que publicaste Rubén, pero hay que decirle a esa persona que esa mujer si estuvo presa... asi que si quería una "pena ínfima" la mujer tuvo más que éso... Estuvo 6 meses encarcelada y después con arresto domiciliario...

Y tampoco es que, cansada de los golpes, un día agarró un cuchillo y le pegó una cuchillada " a lo ciego" y lo mató... No, le sacó a él el cuchillo con el que él la estaba amenazando a ella, y en un forcejeo lo mató...

Claro, por eso actuó en legítima defensa. De lo contrario hubiera sido un homicidio simple.

PIPI escribió:No sé quién escribió éso que publicaste Rubén, pero hay que decirle a esa persona que esa mujer si estuvo presa... asi que si quería una "pena ínfima" la mujer tuvo más que éso... Estuvo 6 meses encarcelada y después con arresto domiciliario.

Eso sería prisión preventiva. A lo que se refiere Caparrós es a la condena "legal".


Salutes

Y a lo que voy yo es a que con lo que la pobre mina cumplió de preventiva... hace falta más?!?!?!?!