Fuerzas Represivas (o la mejor policia del mundo II)

Como la Policia tiene primas que quieren seguir su buen ejemplo del cumplimento de su deber, agrandé el aspectro del topic.


Mañana comenzará en Nuequén el juicio oral y público contra 28 guardiacárceles de la unidad penitenciaria provincial 11 acusados de torturas reiteradas y apremios ilegales cometidos entre el 24 y el 27 de abril de 2004 contra 55 internos de los pabellones 1, 2 y 5 de esa cárcel.

Si bien son conocidos los casos de violencia en las cárceles, este juicio no tiene precedentes en nuestro país por la cantidad de efectivos policiales acusados y la repercusión del caso en la capital neuquina.

Los detenidos denunciaron en sus declaraciones que les arrojaron gases lacrimógenos dentro de los pabellones, les dispararon con balas de goma directamente sobre sus cuerpos y los golpearon con bastones en la planta de los pies. Además dijeron que fueron sometidos por parte de los efectivos a golpes de puño, puntapiés, con los bastones reglamentarios e incluso con elementos metálicos.

La violencia sobre los detenidos comenzó el 24 de abril y terminó tres días después. “Fueron interviniendo distintas fuerzas cada día” explicó a Críticadigital Gladys Rodríguez de la Asociación Zainuco, que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad y es parte querellante en la causa.

Entre los imputados figuran miembros de la Policía Provincial, del Servicio Penitenciario y del Grupo Especial Antimotines y Requisa, así como altos mandos de la Unidad en ese momento, responsables directos del accionar de sus subordinados.

Los presos además denunciaron que, en otras oportunidades, fueron obligados o adoptar posiciones humillantes y a soportar los químicos de los gases lacrimógenos sobre la piel. Asimismo, a varios de ellos se les quitaron sus pertenencias para luego ser quemadas por los guardiacárceles.

La agrupación Zainuco señala que a partir de las declaraciones de los internos y las evidencias físicas y médicas, se evidencia la intencionalidad de violentar y someter física y psicológicamente de los imputados.

El Comisario Inspector Renee Fuentes, el Comisario Manuel Montoya y el Comisario Mayor Oscar Roberto Pincheira “tenían la autoridad suficiente como para evitar o detener las acciones de los efectivos policiales, por encontrarse a cargo de la U-11 en los días en que ocurrieron las torturas reiteradas”, señaló el organismo.

Pero las agresiones no terminaron en el 2004. Quince de los presos que aún cumplen condena fueron amenazados y golpeados este año para que no declaren.

Del juicio también participará el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dado que el Comité Contra la Tortura de La Plata -organismo encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en la actualidad- se presentó como amicus curiae (“amigos de la corte”) en la causa.

En la lista de imputados figuran el comisario inspector Renee Fuentes, el comisario Manuel Montoya y el comisario mayor Oscar Roberto Pincheira.


Salutes

Durante casi un año, los responsables de tres cárceles edificadas sobre relleno sanitario del partido de San Martín compraron comida para 1500 presos. El hecho pasaría inadvertido si no fuera porque no había ningún recluso alojado cuando los oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hicieron aquellas compras.

Además de la denuncia para investigar el destino de esos alimentos (medias reses, verduras y huevos) adquiridos durante 2007, en la fiscalía de Investigaciones Complejas del departamento judicial San Martín se instruye una causa para tratar de determinar si parte de esa comida fue derivada a una empresa de catering que pertenecería a un grupo de oficiales penitenciarios.

Según consta en una declaración testimonial de la causa, esa empresa de catering suministró almuerzo, cena y postre al equipo de cien personas de la productora que, durante tres meses, filmó la película Leonera en esa cárcel, cuyo realizador cinematográfico contrató el servicio de buena fe con los responsables de la compañía.

Con respecto a la película, los testigos detallaron que la productora cinematográfica pagaba una suma global que recibían algunos jefes penitenciarios. Dichos oficiales son los que aparecen en la mira de la Justicia, mientras que los responsables de la productora no son objeto de la investigación y, eventualmente, podrían ser citados a declarar como testigos.

Sumado al presunto caso de corrupción que habría sido cometido por al menos cuatro oficiales penitenciarios de las unidades 46, 47 y 48 del SPB con la compra de la comida, un testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que los jefes sospechados cobraban entre 50 y 80 pesos para que algunas empresas arrojaran basura y desechos orgánicos en el penal.

Con esta maniobra, las firmas dedicadas al transporte de residuos se ahorraban un cincuenta por ciento del canon que les cobra la empresa del relleno sanitario por arrojar la basura en la zona autorizada.

Otro de los hechos que denunció Casolati fue la contaminación del agua de las tres unidades situadas a un costado del Camino del Buen Ayre y Debenedetti.

Debido a la declaraciones de varios presos y de agentes penitenciarios, Casolati presentó un recurso de hábeas corpus para que las autoridades del SPB y del Ministerio de Justicia bonaerense suspendan el traslado de presos a las tres unidades a causa de la contaminación del agua.

Los informes técnicos que fueron elaborados por la empresa Aysa, determinaron que el agua del Complejo Penitenciario San Martín tenía: fosfatos, calcio, níquel, antimonio, bario, hidrocarburos, tolueno, etilbenceno, ddt, heptacloro, hexaclorobenceno y plaguicidas, entre otras sustancias.

Los cuatro últimos compuestos figuran en el protocolo de la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y que apunta a la eliminación de doce sustancias que representan un grave peligro para salud y el medio ambiente. Nuestro país reglamentó la adhesión a dicho tratado a través de la ley Nº 26.011.


Salutes

El 4 de julio Aníbal Fernández firmó una resolución inexplicable, sobre todo a la luz de su triple condición de ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Se trata de la resolución 1.770/08, que permite a ciertos cuerpos especiales de la Policía Federal la utilización de proyectiles expansivos, más conocidos como de “punta hueca”. Esa bala, de altísimo poder de daño y letalidad, ha sido condenada y prohibida por la Declaración de La Haya y la Convención de Ginebra. Los fundamentos utilizados por Fernández son idénticos a los que esgrimió en su momento el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, héroe del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg. Desde el 7 de julio de 2008, día de la publicación de la norma en el Boletín Oficial, la temible “dum-dum” ya es legal entre nosotros.

El texto de la resolución 1.770 autoriza el uso del proyectil expansivo “a las Unidades Especiales de la División Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), del Grupo Especial 1-GE 1 y al personal de la fuerza que presta servicios de custodia”. En sus considerandos sostiene que “la munición del proyectil expansivo tiene la capacidad de inhibir eficazmente, con la menor reacción, el poder ofensivo de un eventual agresor”. Y agrega, entre sus bondades, que “disminuye, asimismo, la velocidad y los eventuales rebotes en superficies duras, lo que contribuye a salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que se hallaren en los recintos o áreas circundantes al lugar del enfrentamiento armado. Que la munición de proyectil expansivo fue concebida para el empleo específico por parte de fuerzas de seguridad y policiales de un importante número de países del mundo, en especial cuando desempeñaren tareas en grupos tácticos de recuperación de objetivos donde se encuentren involucrados rehenes, o tareas de custodias especiales”.

Lo que el lenguaje burocrático y neutro de la administración encubre es que lo que se privilegia en el “proyectil expansivo” (“dum-dum”, así llamada porque se utilizó por primera vez en un enclave militar inglés cercano a Calcuta) es su formidable “poder de parada”, su stop power, eso que el habla cotidiana designa como “dejar seco”. No es para menos: el proyectil expansivo –o de punta hueca– al impactar en el blanco no atraviesa de lado a lado (en sedal) el cuerpo del “eventual agresor” sino que se abre dentro de él causando una carnicería. En la descripción de los expertos, “la bala se deforma expandiéndose dentro del blanco y cediéndole toda su energía”. Está claro: al no atravesar los cuerpos y abrirse con el impacto, no habrá dos bajas ocasionadas por un mismo proyectil ni rebotes contra superficies duras.

Voceros del Ministerio de Justicia se esforzaron por explicar que “la resolución lo que hace es poner orden en algo que venía ocurriendo y limitar su uso a cuerpos especiales. El RENAR admite que la Convención de Ginebra prohíbe la venta de este proyectil a particulares y también prohíbe su uso civil”. Además de que los fundamentos de la resolución 1.770 no parecen destinados a limitar el uso de las “dum-dum” sino a justificarlo, es de señalar que su empleo está vedado, incluso, en situaciones de guerra. Por ende también su uso civil. Y la Policía Federal es, hasta nueva orden, un cuerpo civil.


Salutes

La ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso el pase a disponibilidad y denunció a 23 miembros del Ejército por presuntos actos de corrupción vinculados a contrataciones de distinto tipo realizadas en tres unidades militares con asiento en la Capital Federal.

A través de un comunicado, Defensa informó que los denunciados y puestos en disponibilidad son dos generales retirados, otros dos en actividad, cinco coroneles, cinco tenientes coroneles y otros 11 oficiales de distinto rango. Todos los que fueron pasados a disponibilidad pertenecen al Comando de Operaciones Terrestres, el Batallón de Intendencia 601 y la Dirección de Asuntos Históricos, situados en Buenos Aires.

La presentación judicial por presuntas violaciones al Código Penal fue radicada ante la Cámara Federal Criminal de la Capital Federal. La causa recayó en el Juzgado Federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.


Salutes

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de 30 militares y 71 civiles sospechosos de haber participado en al menos 25 contrataciones del Ejército plagadas de maniobras fraudulentas destinadas a “favorecer a determinadas empresas” y “defraudar al Estado”. El requerimiento, presentado ante juez Rodolfo Canicoba Corral, se basa en la denuncia radicada casi un mes atrás por la ministra de Defensa, Nilda Garré, como resultado de una auditoría interna. La fiscalía sostiene que los elementos recolectados por esa cartera ya permiten suponer que los imputados participaron en varios delitos: asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica.

Entre los militares con pedido de indagatoria hay cuatro generales, siete coroneles, cinco tenientes coroneles, dos sargentos, cuatro mayores, dos capitanes, cinco suboficiales y un teniente primero. Todos fueron pasados a disponibilidad a partir de la denuncia judicial de Defensa. Entre ellos figura el general Héctor Mario Giralda, que era director de Asuntos Históricos; el coronel Andrés Andreotti, jefe del Batallón de Intendencia 601, y el ex comandante de Operaciones Terrestres Raúl Horacio Gallardo. La investigación también compromete a altos jefes, como Mario Fernando Troncoso, director de Personal del Estado Mayor, y al director de Logística y Material, Jorge Eduardo Gómez.

El documento del fiscal afirma que la auditoría presentada por la ministra Garré “daría cuenta de la existencia de una estructura destinada de delinquir que operaría dentro del Ejército Argentino”. En los 25 contratos analizados (algunos directos y otros con licitación) se detectaron “mecanismos similares” y la participación de las mismas personas. Las irregularidades que se repiten son desdoblamientos de contrataciones para que figure un monto menor y evitar controles (por ejemplo, de la Sindicatura General); falsificaciones de firmas; adulteraciones de documentos; adjudicaciones a oferentes con dudosa situación fiscal y sin experiencia en los rubros adquiridos; adjudicaciones a proveedores vinculados entre sí y/o ligados a los funcionarios intervinientes.

A través de datos de la AFIP, la ANSeS y la ONC se detectó que distintas sociedades (invitadas a concursar o contratadas) compartían domicilio, casilla de e-mail y teléfonos. A su vez, se identificó la coincidencias entre los domicilios de una decena de militares y varios proveedores. A eso suma que en numerosos casos se invitaba a cotizar y/o se adjudicaron contratos a algunas empresas en rubros bien distintos de su especialidad. Una proveedora de librería y papelería cotizó para mantenimiento y reparaciones; otra de ferretería, electricidad y telefonía cotizó para la provisión de cuero para calzado; una de vigilancia y seguridad también se postuló para la adquisición de cuero; y sigue la lista.


Salutes

Pd: Esta noticia la habrán publicado en http://www.saorbats.com.ar/?

Y dale con eso. Vos no sabés lo que es SAORBATS

Si, es una pagina sobre equipamiento militar. Y la noticia que he posteado se relaciona con eso.

Igual me causa gracia que en el foto no se puedan poner temas políticos, como si el equipamiento militar no lo fuera.

Me gustó eso de "la opinión de los moderadores no se discute" y la prohibición del derecho a replica.

Muy democratico todo che! Con razón te gusta.



Salutes

Por algo no participo en el foro...

La Policía Federal efectuó hoy 86 allanamientos simultáneos, tres de ellos en unidades del Ejército, en el marco de la causa judicial en que se investigan presuntas irregularidades en licitaciones y compras realizadas por esa fuerza armada.

El juez Canicoba Corral rehusó confirmar o desmentir los procedimientos y se excusó en que el expediente está "bajo secreto de sumario".

No obstante, esta agencia pudo saber que los allanamientos apuntan a buscar "documentación" sobre supuestas empresas con las que el Ejército habría contratado bienes y servicios, y sobre las que la Justicia sospecha que pudieron tratarse de "firmas fantasmas", vulgarmente llamadas "sellos de goma".

Canicoba Corral investiga una denuncia impulsada por el Ministerio de Defensa por defraudación al Estado en supuestas acciones ilegales en diferentes unidades del Ejército.

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del ministerio que conduce Nilda Garré detectó la forma como se arreglaban contrataciones en la Fuerza y luego inició un proceso de identificación de los involucrados.

El escándalo, que estalló en agosto, provocó el pase a disponibilidad de 31 militares, y el 17 de septiembre se sumaron otros 13, al descubrirse más irregularidades.

Por está cuestión, dentro del Ejército se generó revuelo, que se incrementó después al concretarse el pase a retiro del teniente general Roberto Bendini como jefe de la institución castrense, luego de que la Justicia de Comodoro Rivadavia lo procesó por el supuesto manejo de fondos en la XI Brigada Mecanizada de Río Gallegos, en una causa originada en 2003.

La denuncia realizada por el Ministerio de Defensa ocasionó los pases a disponibilidad de integrantes de la cúpula de la Fuerza, como el comandante del III Cuerpo de Ejército (con sede en Córdoba), general de brigada Gustavo Gabriel Schurlein, y del jefe del Comando de Aviación del Ejército, general de brigada Gustavo Serain.

En agosto pasado, cuando Garré sacó a luz presuntos actos de corrupción en el Ejército por compras irregularidades, el fiscal federal Eduardo Taiano tuvo indicios que permiten sospechar que en esa fuerza armada se simularon competencias entre oferentes para adjudicar contrataciones determinadas de antemano.

Los presuntos actos de corrupción se descubrieron primero en el Comando de Operaciones Terrestres, en Batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército.

Al sospecharse que en estos lugares se cometieron irregularidades, fueron pasados a disponibilidad los generales Eduardo Salvador Gibelli y Mario Fernando Troncoso, y los coroneles Néstor Hugo Korbs, José Luis Giro Martín, Andrés Andreotti, Oscar Rubén Frascaroli, y Alberto José Bonetti.

También, fueron denunciados los generales retirados Raúl Horacio Gallardo y Héctor Mario Giralda.



Salutes

Ayer en la fila me encontré con Shadow (forista de AQ) y me contó del robo que sufrió a manos de dos policias.

Resulta que con el hermano estaban viendo si se podia sacar un cartel grande del anuncio del recital. En eso cae la policia, los ponen contra el piso y los amenzan con llevarlos detenidos.............obviamente esperando una retribución.........como no tenian guita encima le tuvo que dar dos entradas de campo vip que tenia (la del hermano y la de la madre).

Y después en al fila para entrar, cada vendedor ambulante era abordado por dos policias que estaban ahi. Lo separaban a un costado, lo apalabraban y después lo dejaban seguir vendiendo.


Haga patria, queme una comisaria.


Salutes

Y lo peor de todo es que mientras seguimos haciendo cola, los milicos esos pasaban constantemente, andá a saber cuántas entradas se hicieron...

Yo tenía que tomar un remedio y me llevé una botellita de esas bien chiquitas de agua (de 330 cc) .

Cuando me revisaron la cartera, me pidieron que la dejara (claro, porque adentro la bebida salía 8 mangos). Le discutí un poco, otro cana que estaba ahí dijo "bueno, que pase" y el otro dijo "no, dejá la botellita, yo soy el superior, yo estoy a cargo del operativo"... mirando con cara de culo y de "yo mando" y pechito hinchado al otro policía... patético

Andaaa!!! Me parece horrible como se autorizan y desautorizan entre ellos, y cómo el que dijo "yo soy el superior" se le notaba ese orgullo jerárquico espantoso que tienen los policías y los milicos

Pero está bien. Es sabido q no se puede ingresar con nada. O sea, son dos cosas distintas. Por un lado está tu botella de agua, y por el otro, su laburo.

que pais por dios.

Diegus escribió:Pero está bien. Es sabido q no se puede ingresar con nada. O sea, son dos cosas distintas. Por un lado está tu botella de agua, y por el otro, su laburo.

Si, bueno, ok, pero lo que me chocó fue que uno quería autorizarme, y el otro sacó pecho y dijo "yo soy el superior, dejá la botellita"

La gente disfruta abusando de su autoridad...........cualquier salame que tiene un carguito se hace el super poronga.


Salutes

pobre shadow.

Recuerdo que Bono Vox ligó un remerazo-volador en el recital que brindó gratuitamente en el año 98 o 99, en la cancha de Rivergüenza, por la gira "Pop Mart". El suceso fue durante el tema "Donde las calles no tienen identificación" (Where the streets have no name).

Más tarde, una disposición obligó a los policías a detener a todos aquellos que llevaran remeras a los recitales, y muchas mujeres pudorosas fueron apresadas más tarde, durante el concierto de Miranda. El comisario a cargo del operativo, se retiró un mes más tarde con todos los honores de la Policía federal Argentina, y hasta el día de hoy se dedica felizmente a su empresa textil.

La cana da lástima. La única solución es no ir a espectáculos populares.

No más Volta.

El general Eduardo Alfonso fue quien encabezó en 2001 la solicitud de hábeas data con la que 663 miembros del Ejército pidieron a organismos de derechos humanos que revelaran qué información tenían sobre la represión ilegal. Hasta ahora no se sabía que esa medida tenía, además de su arista institucional, una personal. Según surge de su legajo y del Boletín del Ejército, el ex secretario general de la fuerza participó, por lo menos, de un operativo del terrorismo de Estado que culminó con un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada cuyo hijo fue luego apropiado. Alfonso ya faltó a su primera cita en la Justicia y tiene la próxima el 11 de diciembre. El juez Alberto Suares Araujo rechazó el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo de tomar precauciones para evitar una fuga.

Alfonso ascendió a coronel en 1993 y a general de brigada en 1999. Se retiró en 2003, cuando Roberto Bendini se hizo cargo del Ejército. Su participación en la represión ilegal quedó oculta porque ni en los organismos de derechos humanos ni en la Conadep, que usualmente presentan quejas sobre los pliegos propuestos por las Fuerzas Armadas, tenían información sobre él.

De acuerdo con un informe que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aportó en mayo a la causa, en el legajo personal de Alfonso consta el Informe de Calificación de 1976/1977. En esa época, el ex secretario general del Ejército era teniente primero de caballería y se encontraba destinado en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con asiento en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. El 12 de enero de 1977 aparece un parte de enfermo con el diagnóstico de “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”.

En el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.

El 12 de enero de 1977, efectivos del Ejército vestidos de civil irrumpieron en la casa en la que vivían Antonio Domingo García y Beatriz Recchia en Villa Adelina. Los vecinos relataron que participaron del operativo unos treinta militares y que se produjo un tiroteo en el lugar. Domingo García fue asesinado. Beatriz Recchia, que estaba embarazada de cinco meses, fue secuestrada y llevada a Campo de Mayo. En la vivienda, también estaba Juliana Inés, de tres años, la hija mayor del matrimonio, que fue entregada a su abuela materna ese mismo día.

El 13 de enero de 1977 La Razón reprodujo un comunicado de prensa difundido por el Comando de Zona 4. Allí aparece la versión oficial sobre el hecho, que, a pesar de las mentiras, sirve para confirmar que el Ejército participó del operativo en cuestión. “Se informa a la población –dice el parte– que el día 12 de enero a las 5 horas fuerzas legales efectuaron un procedimiento de control de población en una finca ubicada en la calle Independencia al 1900 de la localidad de Villa Adelina. Las fuerzas legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una criatura de unos cuatro años de edad, cuya madre al parecer habría fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos.”

Beatriz Recchia no se fugó ni abandonó a su hija. Fue secuestrada y llevada al centro clandestino El Campito, que funcionaba en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese sitio la identificaron como “La Tina”, “de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”. No hubo más noticias de la mujer y del niño o niña que parió en la clandestinidad.

El legajo personal de Alfonso, el Boletín del Ejército, el comunicado del Comando de la Zona 4 y los testimonios de los testigos permiten ver el cuadro que involucra a Alfonso en un homicidio y un secuestro y lo vincula a la apropiación de un menor.

Alfonso no es un personaje menor en el Ejército, como secretario general de la fuerza, fue la mano derecha de Ricardo Brinzoni en su ataque a los juicios por la verdad o a todo intento de avanzar en el camino de la justicia para los crímenes de lesa humanidad.

Unos años antes, en 1995, cuando el soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel del Ejército, Alfonso y su entonces jefe Ernesto Juan Bossi dijeron ante los periodistas que el hallazgo del cuerpo demostraba que “en el fondo no querían matarlo. Si fueran tan malas personas como para haber especulado con eso, el cadáver no hubiera aparecido jamás”.

Como reveló Horacio Verbitsky en este diario en 2001, fue Alfonso el que recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos aclararan qué información tenían sobre más de 600 oficiales. Todavía estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas pensaban dos veces antes de salir del país por miedo a ser arrestados y llevados ante el juez español Baltasar Garzón u otro magistrado europeo.

Los otros triunfos de su gestión habían sido, según dijo, “el abierto apoyo a nuestros camaradas en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza”, “la exitosa Operación retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia” y “la aprobación por el Senado de los pliegos de ascensos”. Se refirió así a tres hechos ocurridos durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El primero fue protagonizado directamente por Alfonso, que viajó a Córdoba y Bahía Blanca para respaldar institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad y el encargado de solidarizarse con el dictador Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés. La segunda reivindicación de Alfonso fue la liberación del represor Olivera, detenido en Roma por la desaparición de una joven de origen francés. El mayor retirado falsificó un documento y logró escaparse a la Argentina, que todavía era un refugio para represores. La tercera conquista fue lograr la promoción de oficiales cuestionados por su participación en el terrorismo de Estado.




Esto es para los que sostienen que en las actuales FFAA no quedan milicos que hayan participado en la represión ilegal de la dictadura.


Salutes

Por J.P. Feinmann



No parecería posible. Porque es una decisión casi imposible, casi inimaginable. Sin embargo, 32 años atrás, en la siniestra D2 de Córdoba, bajo la mirada fría, macabra, del general Menéndez, un policía y cinco de sus compañeros se negaron a torturar. Se trata de un acontecimiento. Ahora fueron premiados por ese gesto. Pero cuando lo hicieron, estaban solos. Fue un acto libre de un sujeto libre que, en algún lugar de su hiperdeterminada conciencia, encontró un foco de libertad, un resto, algo suyo, desde ahí, desde ese pequeño lugar en que él tiene la potencia del Espíritu Absoluto hegeliano, dijo que no. “Disculpen, señores. Pero yo no puedo torturar a otro hombre. No me niego por desobedecer. Me niego porque no puedo cumplir esa orden. Es imposible para mí. Hay algo que me lo impide. Y todavía conservo la fuerza para negarme.” Todavía –está diciendo– mi convicción es más fuerte que mi miedo. Porque sabe que esa desobediencia le va a costar, y mucho. Sabe que, a partir de ahora, el castigado, el torturado, será él. Que otros –otros que han sido compañeros suyos– van a cumplir la orden que se les dará. Que esos otros no se van a detener porque él haya sido uno de ellos, un compañero. Sino que tal vez lo torturen más salvajemente por eso. Porque ya son “máquinas de obediencia” y porque, muy especialmente, lo odian por mostrarles la posibilidad de otra respuesta, de otro camino. Le van a hacer pagar cara su valentía insólita. Esa jactancia de negarse a hacer lo que ellos sumisamente hacen, torturar. Y lo torturan, le dan máquina durante horas, días. Sus mismos compañeros, los que hasta ayer tomaban mate con él y escuchaban los partidos de Instituto y de Belgrano de Córdoba.

La posibilidad de un hombre que dice “no” es un agravio intolerable para los otros. Cuestiona todo el aparataje que se habían armado para hacer su tarea. Que torturan a “subversivos”, “marxistas”, “ateos”, “enemigos de la patria”, “zurdos del trapo rojo”. Todo eso se cae. De pronto tienen frente a ellos a un tipo que se niega y, negándose, les dice: “Torturamos personas. Como vos, como yo, como nuestros hijos y hermanos y padres”. La furia que esta revelación les produce no tiene límites. No quieren dejar de ser “máquinas de obediencia”. Se entra al Ejército y, al hacerlo, se entra en el mundo de la disciplina. Por eso hay grados: hay generales, coroneles, tenientes, sargentos, cabos y ratas de tropa, ellos, soldados. Es una pirámide. Cada uno obedece a su superior. Cada uno actúa según una orden que recibe. La “orden” busca aliviar la posible “culpa” del que tiene que hundir sus manos en el barro. Del que tiene que hacer la tarea. La tarea es torturar. Es la tarea de “información” y es imprescindible que el Ejército, que la Policía, que el Estado posea las informaciones que necesita. Sólo así sabrá dónde buscar a los enemigos de la Patria. Si se tortura para salvar a la Patria es la Patria, entonces, la que a través de sus hijos pide la tortura de quienes la agreden o de quienes tienen información acerca de ellos. Torturamos para saber. No torturamos porque sí. No somos enfermos, no somos sádicos, somos patriotas.

Imaginemos el escándalo. De pronto, cuatro o cinco locos dicen: “No, no podemos torturar”. El ejemplo que están dando es terrible. No debe expandirse. Si todos se niegan a torturar, se acaba el Poder, muere la “tarea de Inteligencia”, la Patria queda ciega, des-informada, tiene que buscar a tientas a sus enemigos. El “interrogatorio” no puede existir sin la tortura. ¿Qué nos piden que hagamos? ¿Conseguir informaciones sin arrancar uñas? ¿Conseguir verdades sin electricidad? ¿Quebrar enemigos sin negarles alimentos, sin humillarlos, sin arrojarlos a dormir entre ratas voraces, sin tirarlos a piletones con mierda, sin torturar a sus hijos? Nadie dice la verdad si no lo torturan. Pregúntenles hoy a los norteamericanos, a todos los que luchan contra el terrorismo. ¿Cómo se sabe dónde se esconde un terrorista, dónde se está fabricando la bomba que volará mañana un hotel en Chicago, un subterráneo en Madrid, el Big Ben, la Torre Eiffel? Sólo hay un modo: atrapar terroristas, todos los que sea posible atrapar, y torturarlos.

De aquí que sea improbable que la criatura humana deje de torturar. Necesitará para ello crear incesantemente lo que llamaremos “mecanismos de inocencia”, es decir, aquellos que convencen al torturador de que no es él el que tortura. Es un orden jerárquico, es un Estado en lucha contra un enemigo poderoso y esquivo, es la Patria misma, amenazada como nunca. Hay otros “mecanismos de inocencia”. Son los fundamentalismos religiosos. El fundamentalista entrega su libertad al someterse a la fe que el credo le impone. Aquí, es el credo el que funciona. Yo no soy yo, soy eso en lo que creo, eso que me trasciende, que es más que yo. Es la fe en un orden celestial, un orden del más allá, donde espera Dios o donde esperan riquezas, mujeres vírgenes, vida eterna en el regazo de Alá.

Ya Voltaire, de un modo notable, identificó la tortura con la búsqueda de información. La tortura, así entendida, es “interrogatorio”. En su Diccionario filosófico, decía que es “llamada también interrogatorio. Es una extraña manera de interrogar a los hombres (...). Los conquistadores (...) encontraron muy útil para sus intereses; la pusieron en uso cuando sospecharon que había contra ellos algunos malos designios, como, por ejemplo, el de ser libre (Voltaire, Diccionario filosófico, Akal, Madrid, 2007, p. 501). El texto es formidable. El mayor enemigo de los designios del poder es la libertad. Eso que ejercieron estos héroes de la condición humana. Cinco policías que, en Córdoba, bajo el Tercer Cuerpo de Ejército, bajo el matarife Menéndez, se negaron a torturar. Sus nombres son: Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Raúl Ursugasti Matorral. Fueron dados de baja por la Junta Militar. Ahora, 32 años después, fueron premiados por el gobernador de Córdoba y les dieron un subsidio honorífico. Luis Alberto Urquiza dijo: “Nunca pensé que, después de 32 años, pudiera pasar esto”. Nunca –o sólo como una utopía– pensamos nosotros que pudiera pasar lo que el señor Urquiza y sus compañeros hicieron: un acto libre. Una rebelión contra el Poder, una sublevación. Michel Foucault (el más talentoso de los filósofos que sucedieron a Sartre) decía, en medio de sus reflexiones sobre Irán: “El hombre que se rebela es inexplicable”. Lo es, sobre todo, si nos sometemos a los dictámenes de la “filosofía contemporánea”, envilecida en una negación neurótica de la posible libertad del sujeto. La filosofía que se enseña hoy en las academias de todo el mundo occidental es incapaz de entender el acto libre, fundante, de estos cinco simples policías. Es una filosofía institucional, que le cae como anillo al dedo al Poder: el hombre no sólo no existe como concepto de la filosofía, sino que nada puede. ¿La rebelión es inexplicable? Tendremos que ser entonces inexplicables. Como lo fueron Luis Alberto Urquiza y sus compañeros. Si todas las “explicaciones” hacen del hombre un esclavo sometido a condicionamientos feroces (el lenguaje, el inconsciente, la semiología, la etnología, la lingüística, el positivismo lógico, la estructura, el ser heideggeriano, el pensamiento estratégico sin sujeto de Foucault), entonces la tortura es más explicable que la rebelión. Contra esto nos vamos a seguir rebelando siempre, y, para colmo, vamos a tratar de explicarnos. No podemos seguir aceptando (¡y como “contemporáneas”!) filosofías que aniquilen al sujeto, a la libertad, a la rebelión, y justifiquen el sometimiento, la esclavitud, la tortura. No, como claramente dijeron esos cinco canas que –probablemente sin saberlo– hicieron más por la filosofía que montones de profesores satisfechos con sus cátedras, sus congresos y sus papers.



Salutes

El juez federal Norberto Oyarbide citó a prestar declaración indagatoria a la plana mayor de la comisaría porteña 42º de Mataderos por el presunto delito de "encubrimiento agravado", por supuestamente proteger prostíbulos.

Así lo informaron a DyN fuentes judiciales, que precisaron que el juez citó al comisario Héctor Luca; a su segundo, Fabián Güidali, y a otros tres efectivos, quienes habrían quedado complicados en la causa a partir del relato de una detenida por "trata de personas".


Salutes

La Cámara de Casación Penal bonaerense avaló el accionar de la Policía para poder detener a una persona en la vía pública ante su evidente "actitud sospechosa", y sin previa orden judicial que así lo autorice.

"Es imposible el trabajo policial si se les impide (a los efectivos) tomar una mínima e inmediata decisión y se les impone que, ante cualquier observación, convoquen al fiscal para que indique el procedimiento a seguir", dijeron los jueces de la Sala III de la Cámara al rechazar el recurso del abogado defensor de un acusado que había cuestionado la metodología de detención de su cliente.


Salutes

Un comisario de La Pampa denunció que le pusieron numerosos obstáculos dentro de la misma policía provincial cuando quiso combatir a redes de trata que explotan mujeres en prostíbulos pampeanos. El uniformado que rompió el silencio es Hugo Ledesma, que se desempeñó como jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa entre 2003 y 2004. En una entrevista de Página/12 muestra la documentación oficial que respalda sus dichos. Dijo que le quitaron vehículos para realizar tareas de inteligencia y operativos en horario nocturno –justo cuando trabajan los burdeles–, que misteriosamente apareció destruido el archivo de su computadora donde tenía cargada información clave que comprometía a proxenetas después de que pidiera varias veces que se guardara esa PC en un lugar especial, y también señaló que desde la subjefatura policial le ordenaron que frenara un procedimiento en una “whisquería” de un pueblo cercano a Santa Rosa, donde él tenía información de que había muchachas paraguayas, entre ellas una adolescente de 16 años, que ejercían la prostitución. Finalmente –reveló– lo confinaron a una seccional situada a más de 300 kilómetros de la capital pampeana, donde no tenía ni teléfono. Estos hechos ocurrieron cinco años atrás pero un dato los reactualiza: el jefe y el subjefe de la policía pampeana son los mismos que en aquel momento, Ricardo Alberto Baudaux y Juan Domingo Pérez, respectivamente.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-121915-2009-03-22.html


Salutes

El Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 5 de San Isidro condenó a 10 años de prisión al policía Fabricio Gabriel Mazzuchelli por el asesinato de un chico menor de edad, producido en 2001 en la localidad bonaerense de Boulogne. La familia había reclamado 16 años, mientras que la Fiscalía pidió sólo cuatro por entender que el efectivo actuó “en exceso de legítima defensa”.

Este nuevo caso de “gatillo fácil” contra David Vera Pinto, de 16 años, sucedió el 7 de marzo de 2001 y consta en un informe de Amnistía Internacional sobre "los derechos del niño en la Argentina".


Salutes

Mientras caminaba por las góndolas de un minimercado, lo que necesitaba llevar lo guardaba entre su uniforme policial en vez de colocarlo en un changuito. Al llegar a la caja no sacó ni el café ni la lata de morrones que había escondido entre sus ropas, dijo que sólo había entrado a mirar precios y se fue. Pero no calculó que estaba siendo filmada por las cámaras de seguridad del negocio.

Así fue como quedó registrada una mujer vestida de policía por las cámaras de seguridad del local, situado en la zona céntrica de Mar del Plata, cuando usaba su uniforme para robar mercadería. La excusa que dio fue que sólo quería saber precios y tal vez pensó que sus ropas la libraban de toda sospecha. Pero no fue así. Ahora la mujer es investigada por Asuntos Internos de la policía bonaerense por haber escondido entre su uniforme productos por un total de 20 pesos.


Salutes